Un titular en estos papeles llama la atención: «La plantilla de Alcoa exige al PSOE que el Ministerio de Industria asuma Energía». Es lógico que unos trabajadores, o sus representantes sindicales, en su afán por mantener sus puestos de trabajo, se aferren a cualquier clavo ardiendo, pero hay ocasiones en que más que a un clavo al rojo echan mano a una quimera. Sería la primera vez que la llamada parte social de una empresa se mete a organizar un gobierno porque viene bien a sus legítimos intereses. Aparte de que pedir tal cosa es no ser conscientes de las propias fuerzas de presión o convicción, quien organiza un gobierno, que suele ser su presidente, en conversaciones con sus consejeros o, en su caso, con sus coaligados para gobernar, y poco más. Ni tan siquiera la gran mayoría de los afiliados del partido gobernante tienen pito que tocar. ¿Y por qué tamaña aberración en este caso?
Asturias ha sido una región sindicalizada en la que la preponderancia de la empresa pública hizo que las opiniones de los sindicatos -hasta con puestos en los respectivos consejos de administración- tuvieran una fuerza considerable. Pero, ay, los tiempos han cambiado y los sindicatos ya están más cerca de lo que debe ser el auténtico papel de un fuerza sindical en una empresa. Es lógico que representantes de la plantilla mantengan reuniones con toda clase de instancias políticas, patronales o sociales en pro de que se mantengan los empleos, que disminuyan el mínimo o que, de extinguirse, los afectados se vayan a casa en las mejores condiciones posibles; pero de ahí a organizar un gobierno hay un trecho enorme. Quiere ello decir que si estos empleados de Alcoa piden lo que piden con tal naturalidad es que aún no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado, que ya vivimos otra época con otro modo de organización económica en la provincia y que, como ello, muchísimos otros no se han dado cuenta, incluidas importantes áreas políticas hasta de gobierno, y que, por ello, así nos luce el pelo. Por ejemplo, entre los mandamases de quienes las encuestas dicen que serán mayoritarios tras las elecciones autonómicas, nos quiere hacer creer que sólo a base de compartir bandera política se tomarán decisiones más favorable para el conjunto regional en materias como las infraestructuras, la sanidad o la educación. No tienen en cuenta que aportamos siete de trescientos cincuenta diputados y que tal es el límite de nuestra capacidad de convencimiento ante los diferentes poderes centrales, tanto en el gobierno como en las diversas oposiciones que en las Cortes están.
Vistas las encuestas, aquí publicadas el pasado domingo, y escuchadas las declaraciones del candidato presuntamente ganador, parece que volvemos a las mismas: la creencia en la magia de la influencia de una autoridad regional en las decisiones de Estado respecto al medio ambiente o la industria. Otra bendita inocencia para consumo de incautos, más creyentes en la magia que en los equilibrios políticos y el lugar en el que residen las verdaderas influencias. Es entrañable, pero socialmente peligroso.
Varadero del Fomento 