Falta de respeto

Reprochan al director del parque natural Fuentes del Narcea que haya cantado y hasta bailado en un programa de la televisión. Parece que existe cierta gente avinagrada que no ve compatible dirigir un espacio protegido con el canto y el baile. Un colectivo, integrado por un grupo de biólogos, califica la actitud del director de Muniellos, Pablo García Esteban, como frívola. Ya lo sabes, para dirigir un espacio natural, por el hecho de ser un servidor o funcionario público, debes mantener la adustez y alejarte del desenfado: lo reclama un grupo de biólogos amantes de la seriedad y con ínfulas inquisitoriales. Me imagino a esos envarados biólogos, ataviados de oscuro, como la inolvidable Irene Gutiérrez Caba, en la inolvidable producción televisiva de los años sesenta y dirigida por Chicho Ibáñez Serrador, «Historia de la frivolidad». En aquella producción televisiva, un severo grupo de damas, guardianas de las esencias del puritanismo, se encargaba de corregir los excesos de sexo a lo largo de la historia, incluido el arte. Este grupo de biólogos, envidiosos al parecer de la alegría ajena, van más allá y ya ni encuentran propio que alguien cante o baile en un programa de televisión en función de su cargo u oficio. ¿Será por envidia o será por otras todavía más oscuras motivaciones?

En el, digamos, desgobierno de nuestra populosa villa marinera, tampoco hay seriedad, aunque tampoco brilla la alegría: existe una especie de nada, un vacío que se hace presente en cualquier aspecto de la gestión de los asuntos públicos. Por ejemplo, los planes de empleo. Existen -o, de seguir las cosas por el camino que van, deberíamos decir existían- unos planes de empleo consistentes en que el ayuntamiento contrataba a ciertas personas sin trabajo para realizar, durante un tiempo limitado, un año normalmente, ciertos trabajos. Pero hétenos aquí que los susodichos trabajadores comenzaron a demandar al ayuntamiento en busca de hallar justicia a sus demandas. Las denuncias se han venido centrando en la irregularidad de ocupar puestos de la estructura fija del Ayuntamiento y cobrar por debajo de los empleados municipales que hacen el mismo trabajo. Y los tribunales les han venido dando la razón y condenando al consistorio a pagarles las diferencias no percibidas y las correspondientes finiquitos, de acuerdo con dichas percepciones. Incluso en media docena aproximada de casos, se decretaron como nulos los despidos y condenado al ente municipal a readmitir a los trabajadores finiquitados. A la alcaldesa casquista Moriyón le parece textualmente que «así no podemos seguir. Ofrecemos oportunidades de empleo y recibimos a cambio una gran cantidad de demandas que pagamos todos los gijoneses, a pesar de habernos ajustado a los requisitos solicitados». Cierto que los errores de los gobernantes municipales los pagamos todos los ciudadanos, pero de ahí a pretender culpabilizar a unos trabajadores, desempleados, no lo olvidemos, que reclaman y ganan ante los tribunales sus derechos hay un abismo.

Los trabajadores ganaron los pleitos porque tenían razón y el ayuntamiento no. Es normal que a igual trabajo se perciba igual salario, luego quien se intentó aprovechar de la necesidad de un grupo de parados fue el ayuntamiento que, para ahorrarse una cantidad de dinero, destinó a los beneficiarios de los planes de empleo como mano de obra barata en fraude de ley. Pero la caritativa cirujana y su director municipal del área de empleo, Pelayo Barcia, vienen más o menos a decirnos que los beneficiarios de los planes de empleo municipales son un grupo de desagradecidos que, no contentos con recibir el estipendio que temporalmente se les ofreció, encima demandan a la administración municipal.

La solución aportada hasta ahora es la de suprimir los planes de empleo. Muerto el perro se acabó la rabia. Si no hay más planes de empleo, se acabaron las demandas. La solución de hacer las cosas bien parece que no se les pasa por la cabeza, como por ejemplo pagar lo que es de justicia a los beneficiarios de esos planes y contratar a los que se pueda, dotar desde el primer momento de la partida presupuestaria suficiente para pagar a todos los contratados u ofrecerles empleos que no sean coincidentes en funciones con los de los empleados públicos. Hay mil formas de hacer las cosas bien sin necesidad de faltar al respeto a unos trabajadores que han dejado claro su derecho en los juzgados de lo social ni demonizar a unos planes de empleo que, aunque de forma temporal y escasa, solucionan el problema de subsistencia de unos cientos de conciudadanos.